La BSA acaba de hacer públicos los resultados de un estudio que analiza el índice de piratería en España durante el año 2000. Según este informe, en nuestro país, uno de cada dos usuarios utiliza software ilegal, es decir, el índice fue de un 51 por ciento, lo que ha supuesto una reducción de dos puntos respecto a la cifra registrada en 1999. A pesar de este descenso, lo cierto es que España es el segundo país europeo con mayor índice de piratería, después de Grecia y supera en 17 puntos la media del Viejo Continente, que fue de un 34 por ciento, igual que en 1999. Justo en el extremo contrario al de España y Grecia, se encuentran Dinamarca y Reino Unido, ambos con un índice del 26 por ciento.
El estudio realizado por la BSA indica que la copia y distribución ilegal de software en España provocaron unas pérdidas de 30.500 millones de pesetas. Pero no sólo se cifran económicamente los perjuicios que causa, puesto que este delito también contribuye a la falta de creación de puestos de trabajo en un sector que ostenta uno de los mayores crecimientos de la industria en España. En Europa, las pérdidas del sector superaron los 556.000 millones de pesetas.
Por otro lado, la BSA maneja un estudio mundial realizado para esta asociación por IPR y que destaca las pérdidas mundiales que provocó la piratería en todo el mundo. En 2000, estas rondaron los 11.700 millones de dólares, con lo que esto implica en pérdidas de empleos, contribuciones fiscales, ingresos y como freno para la innovación y desarrollo de nuevos productos. Norteamérica, Europa y la zona de Asia y Pacífico son, nuevamente, las regiones que registran una mayor pérdida de ingresos.
Para atajar estos delitos, la BSA confía no sólo en la educación, es decir, en enseñar a las empresas que no deben tener software pirata, sino también en la denuncia de estos fraudes. Por eso, además de haber colaborado junto con Sedisi en la elaboración de una legislación sobre propiedad intelectual, también pide la colaboración de todos para denunciar estos delitos y que se apliquen estas leyes, con penas que pueden llegar hasta los cuatro años de cárcel y multas de hasta 36 millones de pesetas.
