Tras la entrada en vigor el pasado 29 de junio la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la que regula el polémico canon digital en soportes y equipos de reproducción, la industria y las entidades de gestión de derechos tienen por delante una dura negociación. El pasado 24 de agosto, una resolución aparecida en el BOE marcaba el inicio del plazo que la administración da a ambas partes para ponerse de acuerdo sobre qué equipos y soportes deberán quedar sujetos a la polémica tasa, así como en qué cuantía. A un lado de la mesa estarán ocho entidades de gestión, entre ellas SGAE y EGEDA, y al otro lado, las dos patronales más potentes del sector tecnológico, Aetic y Asimelec, que dispondrán de cuatro meses para llegar a un acuerdo. Está estipulado que si en ese plazo no hubiera consenso, sería la Administración, a través de los ministerios de Industria y Cultura, la que en los tres meses siguientes tendría que arbitrar y encontrar una salida.
Aunque el calendario está claro y tiempo hay para encontrar una salida a un tema que crispa a muchos desde 2003 y que ha hecho inviable muchos negocios, el ánimo del sector informático está bajo mínimos. José Pérez García, director de Asimelec, la patronal que más se ha pronunciado sobre el tema y que reúne a muchos a muchos mayoristas y fabricantes de impresoras, regrabadoras y todo tipo de reproductores digitales, se sinceraba en una rueda de prensa celebrada antes de vacaciones en la que aseguraba que creía muy difícil llegar a un acuerdo con las entidades de gestión de derechos, un punto en el que coinciden todos los entrevistados por CHANNEL PARTNER para este reportaje. “Es la mejor ley que hemos tenido en los 14 años de canon [la tasa empezó a aplicarse en 1992, aunque en aquel entonces afectaba sobre todo a medios analógicos], y aún así es mala”, afirmaba en un ejercicio de malabarismo.
La dirección de Asimelec, cuyos asociados representan el 90% del mercado legal de CD-R y DVD-R, cree que el resultado de la tramitación parlamentaria es “desalentador”, aunque aporta aspectos positivos, como el arbitraje final para fijar productos y tarifas por orden ministerial o el criterio de proporcionalidad respecto al precio.
Este último punto es fundamental, puesto que en los últimos tiempos se había llegado a la situación surrealista de que el 60% del precio final al público de un CD o DVD era en concepto de canon debido a que la tasa no es un porcentaje del PVP, sino una cantidad fija que va siendo más significativa a medida que el precio de la tecnología baja. Asimismo, Asimelec valora positivamente el apartado que clarifica el concepto de copia privada, que queda circunscrito a las que realiza una persona física para su uso íntimo. Asimelec confía en que, por esta vía, queden exentos de pagar el impuesto las empresas, que son personas jurídicas y que suelen acudir a DVD o CD para trasegar con documentación propia y no con obras de terceros protegidas por ley.
No obstante, es decepcionante para Asimelec el que no se haya eliminado el criterio de “idoneidad”, lo que significa que cualquier aparato puede estar sometido a la compensación por copia privada, con lo que el usuario no pagará por el daño producido al autor, sino por la capacidad de producirlo. En este sentido, José Pérez García recordaba que en el trámite parlamentario se ha perdido el matiz del uso preferente. Esto es, en las versiones previas estaba prevista la aplicación del canon a aquellos dispositivos que están pensados para grabar, y no para aquellos que, circunstancialmente, pueden hacerlo. Así, un teléfono móvil equipado de memoria deberá pagar, aunque grabar música no sea una de sus facetas más características. “Esta limitación terminaba con la aplicación indiscriminada del canon”, apostillaba García Pérez. Desde Aetic dicen que las entidades de gestión no sólo quieren cobrar la tasa, sino incrementarla en función de la cantidad de memoria que lleve el dispositivo, con lo que el comprador de un iPod podría llegar a abonar hasta 170 euros por este concepto.
Por otra parte, Asimelec considera un abuso la aplicación de un canon a soportes que ya cuentan con tecnologías que permiten que los autores decidan si una obra puede ser copiada o no por el comprador (como los sistemas DRM o digital rights management). “Los avances de la industria van a dejar obsoleta la nueva ley antes de tiempo. Hoy en día el autor tiene llaves para determinar si se graba o no, con lo que el canon está demás”, aseguraba una fuente de Asimelec. Por esta razón, Asimelec va a pedir la eliminación del canon para los DVD que incorporan este sistema o equivalentes, que además ya cuestan un dinero a fabricantes y usuarios.
Edmundo Fernández, director de Electrónica de Aetic, patronal que aúna los intereses de casi un millar de empresas y asociaciones, también cree muy difícil la negociación. “El centro de la discusión no es si se respeta o no los derechos de autor, que todos queremos preservar, sino ver cómo se regulan: si se hace por canon o por otros medios”. Fernández, que se sentará en la mesa de negociación, recuerda que hay sistemas (TPM) que impiden que un usuario haga copia de los contenidos de un CD o DVD, así como tecnologías que les permiten incluso gestionar sus derechos (DRM). “Si existen otras vías de control, ¿para qué vamos al canon, que además es imperfecto y grava de forma injusta?”, se pregunta. Fernández dice que la cuestión de fondo es que del canon depende la existencia futura de las propias entidades de gestión como se conciben hoy.
Kim Sorensen, consejero delegado del mayorista CD World, una de las empresas que más afectadas se han visto por la aplicación de la tasa desde 2003, dice que los cambios legislativos sobre los que se discute ya nacen obsoletos y considera absurdo poner el énfasis en una ley de ámbito nacional cuando se pueden adquirir contenidos por Internet en muchos países del mundo donde rigen otros criterios. Sorensen es también escéptico y ve muy difícil un acuerdo, aunque advierte de que a ninguna de las partes le conviene dejar las decisiones finales en manos de terceros, aunque se presenten como neutrales.
Aunque aunar intereses parece complicado, la dirección de Asimelec asegura que, en los meses que hay por delante, intentará presionar en la negociación con estudios que muestren que el uso de ciertas tecnologías está bastante alejado de la copia indiscriminada de obras protegidas. Las cosas parecen complicadas, pero no son imposibles.
La implantación del polémico canon a CD y DVD ha hecho estragos entre los fabricantes nacionales de soportes. En tres años (entró en vigor en el verano de 2003) ha causado un daño irreparable en proveedores locales y canales de distribución que prácticamente ha borrado del mapa a todo un segmento de empresas. Según una información del diario Expansión de mediados de abril, la bolsa de fraude que ha generado la tasa llega al 60% del negocio a consecuencia de que muchos prefieren importar productos que no la abonan a adquirir soportes que sí están gravados. Este hecho, unido al desequilibrio financiero que supone que el canal adelante el importe del gravamen que luego repercutirá al consumidor, ha dado como resultado que hoy en día sólo aguantan la tormenta un número exiguo de proveedores nacionales, entre ellos la firma vasca KMS, que se mantiene a duras penas. La catalana Bocsa, con 30 años de historia, cerró en diciembre, y al Grupo Cóndor, de Zaragoza, no le quedó más remedio que desmantelar el año pasado la línea de fabricación de discos ópticos. En el canal informático el panorama también es sombrío. Buena cuenta de lo ocurrido la da CD World, uno de los mayoristas de referencia en el ámbito del soporte. Esta firma asegura que en los doce meses previos a la entrada en vigor del canon, en 2003, vendió 40 millones de discos que le reportaron una facturación de 10 millones de euros, el 50% de la facturación de la compañía, mientras que ahora pone en el mercado tan sólo 200.000 compactos e ingresa por ellos escasamente 40.000 euros. Kim Sorensen, su máximo responsable, añade además que la tasa trastocó de repente la trayectoria de la compañía y el capítulo de ingresos entró en barrena, cayendo de 19 a 12 millones de euros anuales, mientras que la plantilla pasó de 35 a 25 empleados. “Todos los que estábamos en ópticos hemos sufrido muchísimo, quizá con la excepción de Adimpo, que tiene una estructura muy capilar”. Para enjugar estos datos negativos, CD World no ha tenido más remedio que diversificar su negocio dando entrada en su catálogo a sistemas biométricos para el control de acceso y presencia, electrónica de consumo y seguridad.
A pesar de todo, Sorensen aplaude que a partir de ahora exista un marco legal, lo que reducirá la arbitrariedad, aprovechada hasta ahora por las entidades de gestión y, sobre todo, el peso del mercado gris (ventas sin canon), que ronda el 50% del total. “Hasta ahora lo único que existía era el acuerdo entre SGAE y Asimelec de 2003, algo muy poco disuasorio para los que no cumplen”.
1991. Se aprueba la Ley de Protección Intelectual y desde 1992 se aplica gravamen a los soportes analógicos.
2001. Aparece una directiva de la Unión Europea que quiere extender la protección intelectual aplicada a los medios analógicos a los digitales.
2002. Los fabricantes de soportes Verbatim y Traxdata son denunciados por las entidades de gestión y pierden el juicio.
2003. Como consecuencia, Asimelec se ve forzada a firmar con varias entidades de gestión (SGAE, AIE…) un acuerdo por el cual los CD y DVD (además de los grabadores de DVD) deben pagar un canon por la copia privada que se hace con esos discos. Anteriormente, esta tasa se aplicaba a las cintas de sonido y vídeo.
Junio 2006. Aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Termina un trámite legal que dura meses de discusiones. Cobra protagonismo la plataforma Todoscontraelcanon, que reúne a empresas y asociaciones de consumidores y deja en el Congreso casi 250.000 firmas.
Agosto 2006. Empiezan las negociaciones entre patronales y entidades de gestión. Tendrán cuatro meses para llegar a acuerdos sobre el ámbito de aplicación de la tasa, aunque las líneas maestras ya están marcadas. En último caso mediarán los ministerios de Industria y Cultura.
