La piratería informática es uno de los asuntos pendientes más graves que tiene hoy en día el sector tecnológico y el canal de distribución. La prueba es que la mitad de los programas que se venden en España con los ordenadores personales son ilegales. Esto supone unas pérdidas para el sector que rondan los 600 millones de euros anuales y que impide la contratación de unas 5.000 personas. Además, según datos de EMER Gfk, cuatro de cada diez revendedores cargan programas piratas en los equipos que comercializan. Para tratar de detener esta sangría, la BSA, asociación que representa a los principales proveedores de software del país, intenta estrechar el cerco sobre los supuestos infractores y trabaja en campañas de concienciación sobre los beneficios que tiene para todos la utilización de software legal. Según la BSA, en 2006 se llevaron a cabo en España 361 acciones legales contra empresas y partners que supuestamente violaron la Ley de Propiedad Intelectual. Este número es ligeramente superior al de los dos años anteriores, pero está lejos del registrado en 2003, cuando se contabilizaron 613 acciones. En 71 ocasiones, los casos fueron enviados a la policía, y el resto de acciones se limitaron a cartas enviadas a las empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener software ilegal instalado o bien solicitando información sobre el estado de sus licencias. Esta actividad dio como resultado que durante los últimos doce meses se dictaran hasta una decena de sentencias penales contra otras tantas empresas por este delito.
BSA va a tener apoyos en los próximos meses para difundir su mensaje. Y es que la entidad pública Red.es va a sufragar los gastos de una campaña para sensibilizar al canal sobre este problema y formarle en la venta de software legal. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del Plan Avanza, cuenta con casi 240.000 euros de presupuesto y contempla, entre otras cosas, la organización de seis actos informativos en otras tantas comunidades autónomas.
