A la vuelta de la esquina, hay una novedad normativa que cambiará los procesos internos de todas y cada una de los 3,5 millones de empresas y autónomos de este país. Y que dará un buen empujón a la digitalización del tejido productivo. Durante este año 2024, los proveedores de software de facturación en España deberán adaptar sus programas a la llamada “Ley antifraude”, con el fin de evitar las dobles contabilidades en las empresas. Y, a partir de julio de 2025, todos sus clientes estarán obligados a tener debidamente implantado y operativo ese software antifraude.
Hay quien asegura que estamos ante el mayor cambio para el software de gestión en España desde siempre. Esta novedad legal abre unas enormes oportunidades a todos los fabricantes de software de facturación y ERP, pero también a los partners de canal, integradores, proveedores de servicios, asesores y despachos profesionales, que deberán ayudar a las empresas adaptar sus programas y abordar la modernización y la digitalización generalizada que supone la “Ley antifraude”.
Para conocer al detalle la “Ley antifraude” y el negocio que puede generar al sector informático en el próximo año, CHANNEL PARTNER organizó un encuentro digital que contó con proveedores de software y partners especializados en la implantación de soluciones de facturación. El encuentro contó con el patrocinio de Adiss, Fiskaly y Wolters Kluwer, y también con la participación de Link Soluciones y Grupo Aitana-Opentix. Entre todos ayudaron a los más de 120 asistentes que lo siguieron en directo a comprender el alcance de la ley, y los cambios que implicará para el software, que sobre todo deberá garantizar la inalterabilidad y trazabilidad de las facturas que generen las empresas, con el fin de evitar una “contabilidad b”.
“La ‘Ley antifraude’ mejorará a las empresas desde el punto de vista competitivo y tecnológico”, asegura Francesc Núñez, ERP product manager de Wolters Kluwer
También se detuvieron para explicar en qué consiste en sistema VeriFactu, promovido por la propia Agencia Tributaria para validar las facturas, y que será consustancial al despliegue de la “Ley antifraude”. Asimismo, los expertos convocados por CHANNEL PARTNER recordaron los plazos que tendrán tanto los proveedores de software como los clientes finales para adaptarse a la normativa. Con la fecha de julio de 2025 como límite para que todos, tanto fabricantes de programas como empresas y asesorías, estén operando totalmente conforme a la ley.
También hicieron referencia a las sanciones que contempla el texto legal en caso de que los agentes no cumplan con lo que establece en materia de software, que son bastante severas y que, en el caso de los proveedores de programas, pueden llegar a los 150.000 euros.
“La ‘Ley antifraude’ es una excelentísima oportunidad para las asesorías de convertirse en verdaderos agentes digitalizadores”, mantiene Víctor Pérez, CEO de Adiss
Tranquilidad y trabajo en equipo para sacar adelante la ‘Ley antifraude’
Y, por supuesto, analizaron las oportunidades de negocio que habrá para el sector tecnológico a partir de ahora y durante todo este año y el que viene. Y también intentaron transmitir un mensaje de tranquilidad, porque la transición se va a llevar a buen puerto si se trabaja en equipo. Como se encargaron de recordar en varios momentos, el trabajo de adaptación a la ley lo tiene que hacer el proveedor de software e, indirectamente, su canal de ventas y las asesorías y despachos profesionales. Y no las empresas finales o los autónomos, que solo deberán preocuparse por tener instalado o trabajar con un software homologado y respaldado por una declaración responsable por parte del desarrollador del programa.
En este sentido, Víctor Pérez, CEO de Adiss, señaló que la “Ley antifraude” es “una excelentísima oportunidad” para las asesorías a la hora de convertirse en “verdaderos agentes digitalizadores”. Y de dar visibilidad a sus servicios. En su opinión, el momento exigirá también que las asesorías sean capaces de conectarse a software de terceros para vertebrar todos estos cambios.
“Tendremos que aprender a apoyarnos los unos en los otros. Lo hemos visto en los países en las que se han impuesto normativas de este tipo”, dice Carlos Prallong, BDM de Fiskaly
Por su parte, Carlos Rivero, business development manager de Link Soluciones, se mostró positivo y animó a todos a dar la bienvenida a los cambios que introducirá esta normativa. Y dijo que el partner debe trabajar para dar visibilidad al valor añadido que puede aportar a los despachos profesionales. También tranquilizó a los despachos que temen una pérdida de negocio con la “Ley antifraude” por aquello de que establece, a través de VeriFactu, una comunicación directa de las empresas con la Agencia Tributaria.
Mientras tanto, Carlos Prallong, business development manager de Fiskaly, recordó que va a haber una oportunidad de negocio importante, pero que también se necesitará que todos los actores “arrimen el hombro”. “Tendremos que aprender a apoyarnos los unos en los otros. Y eso lo hemos visto en Europa, en los países en las que se han impuesto normativas de este tipo. Nosotros mismos nos integramos con infinidad de soluciones de software”. E insistió en que se tiene que imponer la tranquilidad, porque la “Ley antifraude’ traerá urgencias, pero al final se resolverán”.
Domingo Pérez, responsable de desarrollo de negocio de Grupo Aitana-Opentix, resaltó que con la “Ley antifraude” por fin todas las empresas van a tener el mismo funcionamiento. “Todos pasarán por el mismo filtro: grandes y pequeñas empresas”. Y destacó que ese control de los pagos al final ayudará a que el tejido empresarial de este país crezca y salga de la precariedad digital.
En esta línea, Francesc Núñez, ERP product manager de Wolters Kluwer, cerró el evento señalando que la “Ley antifraude” mejorará a las empresas “desde el punto de vista competitivo y tecnológico. Y que la transición será un éxito, pero deberá contar con la participación activa de todos: fabricantes de software, partners y despachos profesionales.
Porque en juego está la digitalización de más de tres millones de empresas y autónomos.