La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) advierte de un nuevo deterioro en los plazos de pago en España, confirmando que la morosidad continúa siendo un problema estructural que afecta especialmente a pymes y autónomos. Según su último informe sobre los plazos de pago en este país, tanto el sector público como el privado han empeorado sus tiempos de pago, situándose claramente por encima de los límites legales.
En concreto, las Administraciones públicas alcanzan un plazo medio de 70 días, superando ampliamente el máximo legal de 30 días (Ley 15/2010) y pagando, por segundo año consecutivo, más tarde que el sector privado, cuyo promedio se sitúa en 67 días. Este hecho resulta especialmente preocupante para la PMcM, ya que supone una anomalía: el sector público, que debería ser ejemplar, incumple con mayor intensidad que las empresas. Dentro de la Administración, la local es la que concentra mayores retrasos, seguida de la regional y la central.
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Plazos de pago injustificados en un momento de aumento de la recaudación fiscal
La organización insiste en que este empeoramiento no tiene justificación, especialmente en un contexto de aumento de la recaudación pública, y reclama un mayor compromiso institucional. Además, recuerda que la Comisión Europea lleva años presionando a España por estos retrasos, con un procedimiento de infracción abierto desde 2015, aunque sin sanciones económicas firmes hasta la fecha.
En el ámbito privado, el informe vuelve a señalar a las grandes empresas como principales responsables de los incumplimientos. Para un 85% de los encuestados por la PMcM, las grandes compañías superan los plazos legales de pago, y solo un 15% afirma cobrar de ellas dentro de los límites establecidos. Para la mayoría de los proveedores, las grandes compañías son los clientes que más tardan en pagar, en muchos casos por encima de los 90 días. En contraste, micropymes y autónomos presentan un comportamiento mucho más ajustado a la normativa.
La presión financiera la sufren las pymes
Esta situación genera una importante presión financiera en las empresas más pequeñas. De hecho, el 60% de los encuestados señala que la principal consecuencia de la morosidad es la necesidad de recurrir a financiación adicional, como préstamos bancarios. La PMcM también alerta del uso inadecuado de herramientas como el “confirming”, que en ocasiones se emplea sin suficiente transparencia por parte de grandes empresas.
El problema se agrava en la subcontratación, donde los pagos alcanzan una media de 87 días. Según la PMcM, la cadena de pagos está deficientemente controlada, lo que impide que el dinero fluya correctamente hasta los últimos eslabones, formados mayoritariamente por pymes y autónomos. Para corregir esta situación, la organización propone que las Administraciones paguen directamente a los subcontratistas.
El informe también pone de manifiesto la persistencia de prácticas abusivas. Un 60% de los proveedores afirma haber aceptado condiciones contractuales con plazos superiores a los legales, sin consecuencias para los clientes. Además, la gran mayoría renuncia a reclamar intereses de demora o indemnizaciones por impago, lo que evidencia la falta de eficacia del marco normativo actual. En este contexto, el 91% de los encuestados considera imprescindible establecer un régimen sancionador.
Mejores datos que en 2024, a pesar de todo
A pesar de todo, la ratio de morosidad, entendida como el porcentaje de impagos sobre el total de facturación, ha descendido hasta el 3,3% en 2025, frente al 5,2% del año anterior, en línea con la reducción de la morosidad bancaria. Sin embargo, esta mejora no altera la percepción general de que el problema persiste. De hecho, la mayoría de las empresas prevé que sus plazos de cobro no cambiarán a corto plazo, y el 71% recurriría a financiación en caso de necesidad de liquidez.
En este contexto, la PMcM confía en el futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en tramitación, que prevé sanciones para quienes incumplan los plazos de pago, fijados con carácter general en 30 días. No obstante, existe un amplio desconocimiento sobre esta normativa, y parte del tejido empresarial duda de su cumplimiento efectivo.
La factura electrónica también ayudará a combatir la morosidad
Por otra parte, la factura electrónica obligatoria que introduce la Ley Crea y Crece, y que previsiblemente será una realidad para todo el tejido empresarial español en 2027 y 2028, también puede ayudar a reducir los plazos de pago. Aunque no reduce por sí sola la morosidad, sí crea las condiciones para hacerlo, pues aportará más transparencia, más control y más capacidad de sanción. Gracias a la e-factura las autoridades podrán saber con precisión cuándo se reciben, aceptan y abonan todas las facturas en una empresa. De esta manera podrán detectar casi en tiempo real a los morosos y aplicarles sanciones para que rectifiquen. Si se aplica correctamente, la factura electrónica puede ser un punto de inflexión en un problema que es estructural en España.
Plazos de pago: un panorama complejo
En conclusión, el informe confirma que la morosidad sigue siendo un problema estructural en España. El aumento de los plazos de pago, el incumplimiento generalizado —especialmente entre grandes empresas—, los retrasos en la subcontratación y la persistencia de prácticas abusivas evidencian la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces, reforzar el control de la cadena de pagos y establecer sanciones que garanticen el cumplimiento de la ley.
