Durante el pasado año la BSA (Business Software Alliance) ha realizado un total de 330 acciones legales contra empresas españolas que supuestamente atentaban contra la propiedad intelectual del software. De todas estas acciones, 95 casos fueron enviados a la Policía para su investigación. Asimismo, en los pasados doce meses se dictaron siete sentencias relativas a delitos contra la propiedad intelectual del software, todas favorables a empresas miembros de BSA. En España, el índice de piratería alcanza un 44% de los programas que se comercializan, causando unas pérdidas económicas asociadas de más de 421 millones de euros en 2003. Según un estudio realizado por la consultora IDC, la piratería de software sigue siendo un importante reto para la Unión Europea y para nuestro país, de tal modo que si el índice de estas acciones se redujera en 10 puntos porcentuales en cuatro años, el sector español de tecnologías de la información podría crecer un 67 %, pudiendo generar 18.000 millones de dólares de ingresos en 2006, frente a los 11.000 millones de 2002.
En materia policial ha habido ya algún avance. Como resultado de las nuevas reformas introducidas en el Código Penal, las fuerzas policiales pueden ya actuar de oficio en infracciones de derechos de autor sin la necesidad de contar con una denuncia previa realizada por el titular de los derechos de autor. Por otro lado, el sector de la distribución informática uno de los grandes nichos de la piratería de software, ya que cerca del 40% de los distribuidores ofrecen a sus clientes la venta de material informático incluyendo este software ilegal, de modo que los compradores de material informático tienen la posibilidad de acceder a copias de programas sin la correspondiente licencia.
