Según publica hoy el diario El País, la economía sumergida representa en nuestro país el 20,9 por ciento de la producción total, lo cual se traduce en 58.774 millones de euros que no son declarados a Hacienda. Estos datos han sido extraídos del informe Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales. En concreto, este trabajo, que se centra en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000, engloba bajo el término economía sumergida tanto la producción legal no declarada como la derivada de bienes y servicios ilegales.
De esta forma, dicho estudio destaca que el peso de esta actividad creció 5,4 puntos en esos 20 años y que el fraude fiscal sólo registró descensos en dos ejercicios: en 1982 (un 1,2 por ciento menos que en el año anterior) y en 1992 (que cayó un 1,9 por ciento con respecto a 1991). Como contrapunto, el Instituto de Estudios Fiscales puntualiza el notable crecimiento que la economía sumergida registró en 1986: un 12,2 por ciento.
Por provincias, Tenerife, Ciudad Real y La Rioja son las que más se escapan al control de Hacienda, mientras que Girona y Castellón resultan ser las más transparentes.
Mayoristas informáticos e integradores locales también recurren a algunas prácticas fraudulentas, con el fin de contrarrestar sus escasos márgenes, buscan obtener amplios beneficios a corto plazo.
Así, en los últimos años una de las actividades que más ha perjudicado al canal de distribución es la conocida como fraude del IVA, que hace referencia a empresas tapadera que son creadas para comercializar con equipos o componentes informáticos. Dichas firmas no declaran el IVA de sus compras o, en el caso de hacerlo, nunca lo llegan a ingresar. El fraude sale a la luz cuando la Agencia Tributaria realiza la correspondiente inspección fiscal y comprueba que estas compañías han desaparecido del tejido empresarial.
Otro de los principales problemas a los que se enfrenta el sector es el derivado de las importaciones paralelas, en las que algunos agentes compran productos en el extranjero con el objetivo de ahorrarse los costes derivados de la gestión que implica tratar con la subsidiaria y el canal de distribución de la multinacional en nuestro país.
Finalmente, el tercer gran escollo que perjudica el desarrollo del negocio informático es la piratería de software, una actividad en la que España registra, con un 49 por ciento, uno de los más altos índices de Europa.
