A medida que pasan los días se conocen nuevos datos sobre la operación impulsada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, conocida como “Medina”. En realidad, 128 compañías están implicadas en la supuesta trama del IVA, que posee ramificaciones comunitarias, ya que media docena de las mismas radican en Dinamarca, Mónaco, Holanda y Austria. Además, entre las 45 personas arrestadas (la Agencia Tributaria no se descarta que haya más a lo largo de estos días) se encuentran los tres posibles cerebros de la red, todos españoles, uno de los cuales está reclamado por la justicia de otros países europeos por hechos parecidos. Junto a esto, se han intervenido 122 cuentas bancarias de 22 entidades diferentes. Los delitos que se imputan a los detenidos son fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, y al desarrollarse el procedimiento en varias comunidades autónomas, la jueza que lo dirigía ha decido inhibirse a favor de la Audiencia Nacional. Además, la Hacienda Pública ha dado algunos datos sobre la localización de los registros. Madrid es el lugar donde se produjeron mayor número de detenciones, 11 en total con idéntico número de registros. En segundo lugar se encuentra Cataluña, con 6 detenidos y 9 registros; seguida de Andalucía con 9 detenidos y 4 registros; y Canarias con 7 detenidos y 6 registros.
Infinity System fue una de las empresas intervenidas por agentes de aduanas y que supuestamente está relacionada con la trama de fraude. Los responsables de la empresa han hecho público un comunicado en el que manifiestan que han proporcionado a la Agencia Tributaria toda la documentación requerida y han prestado la máxima colaboración. En el mismo comunicado, la compañía hace saber que las supuestas irregularidades que el fisco está investigando se refieren a terceras empresas de las que Infinity ha sido cliente en el pasado.
Por su parte, Bernabé Noya, propietario de Meflur, una de las empresas intervenidas dedicada a las telecomunicaciones, ha sido puesto en libertad sin fianza tras ser detenido el pasado jueves en el marco de la operación. Su compañía estaba inmersa en un proceso concursal (suspensión de pagos) al pesar sobre la misma una querella por presunto fraude de 60 millones de euros en la compra de móviles a proveedores de la unión Europea.
