En 2026 las empresas españolas deberán cambiar su software de facturación para adaptarse a la «Ley antifraude», con el fin de evitar las dobles contabilidades. Además, tendrán la oportunidad de conectarse con la Agencia Tributaria para el envío automático de facturas en tiempo real gracias a la plataforma Verifactu. Asimismo, y aunque todavía faltan los plazos de adaptación definitivos, en el medio plazo todas las compañías de este país, de autónomos hasta grandes cuentas, deberán adaptar el formato de factura electrónica en las transacciones entre empresas, como establece la Ley Crea y Crece. Y a pesar de que todo este vendaval de cambios normativos y operativos está a la vuelta de la esquina, se podría decir que el tejido empresarial anda a por uvas.
Un estudio de SoftDoit, encargado por Wolters Kluwer y Exact, y que contó con la opinión de más de 230 empresas, lo constata. Así un 34,8% no conoce bien los requisitos que debe tener su software con la Ley Antifraude. En relación con la Ley Antifraude, el 62,6% de los encuestados afirma conocer que será obligatorio disponer de un software verificable, pero más del 60% desconoce que el incumplimiento puede suponer multas de hasta 50.000 euros.
Mientras tanto, el sistema VeriFactu sigue siendo desconocido para el 61,7% de las empresas. Solo un 26,5% asegura conocer sus detalles, mientras que un 39% ni siquiera sabía que existía esta funcionalidad.
Por otra parte, y en relación con la factura electrónica obligatoria que establece la Ley Crea y Crece, que será una realidad previsiblemente en 2027 y 2028 (los plazos concretos dependerán del tamaño de la empresa y serán establecidos a partir de la aprobación del reglamento técnico en trámite), un 48,7% de las compañías desconoce la obligación de incorporar un formato de factura estructurado a todas sus transacciones.
