Un análisis del Fondo Monetario Internacional estima que la inteligencia artificial (IA) podría llegar a afectar al 40% de los empleos a nivel global. En un país como España, que tiene una estructura de gestión compleja y multinivel en la Administración, esta tecnología se presenta como la herramienta estratégica para lograr un sector público más ágil, transparente, eficiente y centrada en el ciudadano.
El Joint Research Centre de la Unión Europea ha identificado a España como el cuarto país en cuanto a volumen de proyectos piloto basados en IA en el período 2022-2024, siendo uno de los países que más ha crecido en los últimos 10 años. En este sentido, el potencial de esta tecnología también presenta un reto: su impacto en las infraestructuras digitales.
Se proyecta que la demanda global de capacidad de centros de datos se multiplicará por 3,5 entre 2025 y 2030, impulsada por el rápido aumento de las cargas de trabajo de IA. Según un estudio publicado este año por McKinsey & Company, se espera que la capacidad relacionada con la IA aumente en 124 gigavatios en cinco años. En 2030, se proyecta que solo las cargas de trabajo de IA requerirán 156 gigavatios, frente a los 44 gigavatios de 2025.
Equinix, una de las compañías de centros de datos de refencia en el mundo, ha recopilado información sobre proyectos piloto que demuestran el enorme potencial que tiene esta tecnología para optimizar la Administración pública. La consejera delegada de Equinix en España, Eulalia Flo, ha querido recordar que “la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia y la rapidez de los servicios públicos, sino que también promueve una administración más transparente y equitativa”.
En su opinión, la IA puede “contribuir a reducir las desigualdades territoriales, permitiendo que comunidades autónomas y municipios más pequeños accedan a capacidades tecnológicas avanzadas”. Para lograrlo, es clave una estrategia coordinada entre administraciones, inversión en formación digital y marcos éticos que aseguren la supervisión humana, según mantienen en Equinix. “Sin embargo, nada de esto será posible sin el apoyo firme de la Administración, tanto a nivel legislativo, como de inversión”, ha recordado Flo.
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El ejemplo del Gobierno británico
Estudios como el que Esade ha llevado a cabo recientemente identifican áreas clave donde la IA puede marcar la diferencia. Por ejemplo, un ensayo del Gobierno británico con más de 20.000 funcionarios utilizando asistentes generativos de IA demostró un ahorro medio de 26 minutos diarios por trabajador público. Esto equivale a casi dos semanas laborales al año ganadas en eficiencia. Teniendo en cuenta que en estos momentos la experiencia y la tasa de adopción de la IA son bajas, es más que probable que, cuanto más y mejor aprendamos a utilizarla, más aumentarán los beneficios de eficiencia.
El sector público español en 2023 comprende en torno a 3,5 millones de trabajadores, lo cual supone un 16,5% de la población ocupada del país. Este sector es clave para la economía porque genera un 46,4% del PIB total de España, por lo que mejorar su eficiencia y optimizarlo para evitar redundancias y retrasos es esencial para mantener la competitividad y el bienestar de los españoles. Si se aplicasen los resultados del estudio británico al caso español y si se mantuviese la misma optimización, estaríamos hablando de una optimización de más de 1,5 millones de horas de empleados públicos al día.
Según el estudio de Esade, la adopción de IA generativa en la Administración podría incrementar la productividad por trabajador en torno a un 10%, lo cual resultaría en un valor añadido de 7.000 millones de euros tras 10 años de implementación. Por supuesto, esta idea de que la inteligencia artificial tiene que estar presente en el sector público está ampliamente extendida. De hecho, según Esade, el 90% de los trabajadores públicos lo cree. Planes como la Estrategia Nacional de IA 2024 o España Digital 2026 ya están sentando las bases para esta transformación.
Reducción de la burocracia
Otra ventaja de la aplicación de la IA a la Administración es la reducción de burocracia que supone, a través de la agilización y automatización de procesos que hoy requieren de la intervención de personal humano, pero que son repetitivas y sencillas en su ejecución. De acuerdo con un informe elaborado por Boston Consulting Group (BCG), el uso de herramientas de IA puede ayudar a reducir el tiempo invertido en revisiones burocráticas de 8 horas por documento a menos de 20 minutos, ganando además en coherencia a la hora de analizar distintos casos. Es decir, solo habría que invertir el 4% del tiempo del que se invierte ahora.
La IA también ayudaría a sostener sistemas de atención al ciudadano 24×7 y multicanal. El uso de chatbots para responder a las dudas de los usuarios en las webs de la Administración o para ayudar a los ciudadanos a navegar o hacer trámites tiene un claro impacto positivo. En el reciente informe sobre el potencial de la IA para impulsar la economía elaborado por McKinsey & Company, se estima que, para casos de atención al cliente, la aplicación de la IA aumentó el ratio de resolución de problemas en un 14% y redujo el tiempo que los clientes pasaban gestionando un problema en un 9%. Además, esto podría reducir el grado de autoservicio de los clientes, reduciendo la necesidad de interacción con un agente humano hasta en un 80%, como en el caso de la Administración de Empleo y Bienestar de Noruega durante la pandemia del Covid-19. En España, están los casos de OLI Chatbot (AENA) o ISSA (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Agilización de la contratación pública
También habrá ganancias para el Estado a la hora de racionalizar la contratación pública. Las inteligencias artificiales pueden llevar a cabo tareas de verificación y cumplimiento normativo en procesos de contratación con gran rapidez y eficiencia, como en el caso de la Pôle Emploi, el instituto nacional de empleo de Francia, que emplea una herramienta para ayudar a los demandantes de empleo cuando crean su perfil en la plataforma nacional de empleo, o el caso de Bélgica, que emplea una herramienta similar que ayuda a demandantes de empleo y empleadores a mejorar los perfiles de sus competencias y sus requisitos, respectivamente. En España tenemos los ejemplos de Tendios (plataforma inteligente de licitaciones públicas) y Kit Consulting.
Por otro lado, la IA también puede ayudar a promulgar e implementar políticas. Y es que la inteligencia artificial puede tomar ese enorme recurso que es el big data, canalizarlo y procesarlo para proporcionar varias recomendaciones que sirvan al decisor final (siempre humano) para elegir cómo gestionar cada caso concreto. Este tipo de usos ya se están dando en nuestro país. En los proyectos piloto, como el sistema de Ayudas al Alquiler de la Comunidad Valenciana o el agente para Convalidación de Títulos Universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la IA está demostrando su utilidad especialmente a la hora de verificar documentación de manera rápida y sencilla.
Y, por último, y según el análisis de Equinix, la IA también será importante en el sector público porque mejora de las capacidades de vigilancia contra el fraude, gracias a su excelente capacidad de procesado de big data en tiempo real, es capaz de detectar patrones ocultos y señalar anomalías que las auditorías tradicionales encontrarían complicado identificar. Esta estrategia se está aplicando en Estonia, Francia o Brasil. En España, también destaca la herramienta BRAVA, que emplea la CNMC para detectar prácticas anticompetitivas.
