El informe mundial de la BSA, encargado a la consultora IDC, es concluyente:en España están pirateados el 45% de los programas instalados en ordenador. Lejos de bajar, la ilegalidad en el ámbito del software sube un punto con respecto a 2011. BSA traduce en cifras esta lacra: 758 millones de euros de facturación y 2.200 puestos de trabajo cualificado se pierden por el camino por su culpa. Y es que detrás de un Microsoft, un Sage o un Adobe, proveedores directamente perjudicados porque dejan de vender programas a los clientes y las tiendas que los copian, hay miles de medianas y pequeñas empresas repartidas por toda el país que integran este software en clientes de todo tipo, cobrando por ello horas de consultoría y formación y haciendo desarrollos a medida para mejorar el producto original. Es decir, un verdadero tejido industrial de miles de especialistas que la piratería pone contra las cuerdas. Además, el fisco también pierde, y mucho. Se calcula que Hacienda deja de ingresar 375 millones de euros en impuestos por la copia ilegal de programas.
Una economía que no apueste por la innovación y que no respete el trabajo de sus ingenieros de software será un país de segunda división a largo plazo. Aunque estamos cansados de oír que de esta crisis saldremos con una apuesta decidida por la educación y el conocimiento, lo que pasa con el software es una muestra más de que el trabajo intelectual en España no se valora. Ese desdén por el trabajo (cualificado) de los demás también afecta al mundo de la música, del cine, del periodismo o de los libros, industrias claramente exportadoras y con un gran potencial de generación de riqueza.
Algunos dicen que el problema está en los precios del software. Pero la realidad derriba este argumento. Los informes de IDC nos dicen que pirateamos ahora tanto como hace una década. Lo que quiere decir que ni en los tiempos de vacas gordas, cuando corría el crédito y el dinero a mares, cambió la tendencia. Además, el pirata hoy tiene más opciones que nunca para legalizar su software, toda vez que muchos programas se pueden pagar más cómodamente como una suscripción mensual gracias a la nube, y además hay disponible mucho freeware y software de código abierto alternativo. Las empresas deben abonar el software, como pagan por los PC que instalan, por la factura de móvil de sus empleados o por el leasing de los coches de sus directivos. En muchos casos, una compañía no tardará ni un par de años en amortizar el programa instalado indebidamente, un activo clave de su operativa diaria. Por todo ello, el uso ilegal de programas en las empresas es un absoluto sinsentido. Que una constructora diseñe sobre un AutoCAD pirata es lo mismo que si un taxista transporta a sus clientes en un coche robado.
En el corto plazo, la batalla para erradicar la piratería está planteada en los tribunales. Las fuerzas de seguridad del Estado y la propia BSA sacan adelante cientos de registros todos los años para descubrir el software indebidamente instalado. Estos registros acaban con multas y, en alguna ocasión, con penas de cárcel. Sin embargo, a largo plazo, la solución debe estar en la escuela. En ese ámbito deberían trabajar los políticos y la propia industria a medio y largo plazo. Quizá fortaleciendo en la FP las carreras vinculadas a la industria del software, e introduciendo una verdadera cultura tecnológica en la escuela primaria. Porque estamos ante un negocio, el del software, con mucho futuro.
