El Foro Asesores de Wolters Kluwer volvió esta semana a Madrid, después de seis años de ausencia en la capital. Y lo hizo cuando quedan menos de tres meses para que los cambios en la facturación de las empresas que trae la “Ley antifraude” sean una obligación. Además, los propios asesores y el tejido empresarial en general tendrán que afrontar más adelante la llegada de la factura electrónica obligatoria.
Para iluminar a la audiencia sobre todas estas cuestiones, Wolters Kluwer convocó en su evento a dos expertos. Por parte del Ministerio de Hacienda tomó la palabra Javier Hurtado, alto funcionario de larga carrera y que ha participado en el grupo de trabajo encargado de poner en marcha la “Ley antifraude” y Verifactu. Y por parte del Ministerio de Economía acudió Iker Beraza, asesor del Ministerio de Economía y experto en factura electrónica.
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El reglamento de la factura electrónica, para este año
Precisamente Beraza adelantó que el esperado reglamento con los todos los detalles técnicos definitivos sobre la factura electrónica estará listo este año. “Esperamos que el Real Decreto se apruebe este año. Estamos relativamente seguros”, afirmó Belaza. Más impreciso fue cuando se refirió al momento de publicación de la orden ministerial a partir de la cual empezarán a correr los plazos de adaptación. “Saldrá en algún momento del año que viene”, dijo.
Hay que recordar que, a partir de la publicación de la orden ministerial, las empresas que facturan mas de 8 millones de euros tendrán un año para adoptar la factura electrónica obligatoria en todas sus operaciones con otras empresas. Mientras tanto, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros dispondrán del doble de margen: dos años. Y, por último, los autónomos que facturen menos de ocho millones de euros, la inmensa mayoría, tendrán tres años para hacer esta transición.
La idea es poner en evidencia al moroso
Iker Belaza recordó que el sistema de factura electrónica prioriza el proceso de aceptación de la factura, lo que permitirá calcular los plazos de pago de las empresas, un parámetro que conocerá todo el mercado y permitirá identificar a los morosos. En este sentido, dijo que no habrá sanciones para los que paguen tarde (por encima de los 60 días que marca la ley), pero sí un sistema para mermar su reputación.
Además, habrá incentivos para los que paguen pronto, como el acceso a subvenciones. Además, insistió en que habrá una solución pública de factura electrónica, que será gratuita y limitada, y que probablemente será la opción de los agentes con poco volumen de facturas al mes.
Los asesores serán “catalizadores” de la ‘Ley antifraude’
Si para Iker Belaza todavía no se descuentan los días hasta la factura electrónica, un formato que en el mejor de los casos sería obligatorio a partir de 2027 o 2028, en el Ministerio de Hacienda sí que se vive con el yugo de la cuenta atrás de la “Ley antifraude”. Javier Hurtado advirtió: “Si alguien no ha tomado conciencia de lo que se le viene encima, que lo haga”.
Y es que a partir del 1 de enero de 2026 todas las empresas deberán cambiar sus sistemas de facturación para cumplir con la “Ley antifraude”. Mientras que los autónomos tendrán que hacerlo a partir del 1 de julio del próximo año. Eso sí, Hurtado recordó que la Ley antifraude “no se dirige a las empresas, sino a los fabricantes de programas”.
En esta línea, destacó que, aunque los asesores fiscales no tienen en teoría responsabilidad, al final “serán los catalizadores” que garantizarán que la norma se cumple. Y es que tres de cada cuatro empresas y autónomos en este país recurren a estos especialistas para hacer su contabilidad y para el pago de impuestos. “Las empresas que no se adapten [a la “Ley antifraude”] estarán en peores condiciones de competir”. Y también dijo que las asesorías van a ganar eficiencia con todos estos cambios.
