Quedan menos de tres meses y unos 50 días laborables para que las empresas de este país tengan que facturar de acuerdo con la «Ley antifraude». Es decir, el 1 de enero de 2026, las compañías de este país deberán tener un software que cumpla con esta legislación, que busca, entre otras cosas, reducir la elusión fiscal imponiendo el uso de programas de facturación que eviten la manipulación de los registros y las llamadas «contabilidades b». Los autónomos deberán hacer lo mismo, pero a partir del 1 de julio que viene.
Además, este cambio normativo traerá la puesta en escena del sistema Verifactu, que, de hecho, ya puede ser usado por las empresas y que permite el envío instantáneo a Hacienda de las facturas. A estas alturas, ya todo el sector del software, así como las asesorías y despachos de todo el país, trabajan para que con el año nuevo la facturación del tejido productivo de este país responda a las nuevas exigencias legales. Parece, por lo tanto, que está todo claro sobre esta transformación, pero todavía hay matices que invitan a la discusión.
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Aclaración de la Dirección General de Tributos
En una información publicada por el diario La Razón se hace referencia a una aclaración por parte de la Dirección General de Tributos que responde a una consulta vinculante y que resulta fundamental y que puede suponer un gran alivio para muchos pequeños profesionales. Según esta aclaración, los autónomos y las empresas que utilicen herramientas sencillas como Excel o Word de forma manual podrán seguir facturando de esta manera y no estarán obligados, por tanto, a instalar el sistema VeriFactu ni a generar el código QR asociado.
«El mensaje generalizado de que siete millones de empresas y autónomos están obligados a tener VeriFactu ha generado miedo y confusión. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha aclarado este punto, algo que es importante porque estamos a tres meses de vista y todavía hay mucha desinformación», asegura en ese mismo artículo Víctor Pérez, presidente de Adiss.
El quid está en la definición de SIF
El quid de la cuestión está en la definición de sistema informático de facturación (SIF), que es el tipo de solución que sí tiene que estar alineada con las exigencias de la «Ley antifraude» y efectivamente evitar las dobles contabilidades. «Si un autónomo utiliza Excel o Word como una máquina de escribir o un talonario de facturas manual, no se considera un SIF y, por lo tanto, no está obligado a cumplir con la normativa VeriFactu ni a generar el QR».
En cambio, si ese Excel se usa para automatizar tareas a la hora de gestionar facturas, como la generación de facturas que tiran de otras facturas o la generación de libros de IRPF o modelos oficiales, entonces sí se considerará un sistema informático de facturación, y por lo tanto sí deberá cumplir con la «Ley antifraude».
Esta aclaración cambia radicalmente el escenario, sobre todo para las microempresas y los autónomos que hacen pocas facturas cada mes y que pueden salir adelante con un uso básico de Excel o de otras herramientas de ofimática. «El propósito del reglamento es ir contra los SIF que permitían la contabilidad b, no contra la facturación manual sencilla», zanja en la información del diario La Razón el presidente de Adiss, Víctor Pérez.
