Las pequeñas y medianas empresas (pymes) siguen teniendo una presencia limitada en la contratación pública a pesar de las medidas introducidas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que pretendía facilitar su acceso a las licitaciones del sector público.
La contratación pública constituye uno de los principales motores de actividad económica, con un peso estimado entre el 10% y el 20% del PIB. Sin embargo, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la ley muestra que las pymes continúan encontrando importantes barreras de entrada en los procesos de licitación.
Entre las medidas clave introducidas por la norma se encuentran la simplificación de los trámites administrativos y la división de los contratos en lotes, un mecanismo diseñado para permitir que empresas de menor tamaño puedan competir en licitaciones públicas. Desde la aprobación de la ley, los órganos de contratación deben justificar expresamente cuando deciden no dividir un contrato en lotes.
No obstante, en la práctica estas herramientas no siempre se aplican con la intensidad necesaria, lo que limita el impacto de la reforma en la participación empresarial.
“La normativa introdujo instrumentos pensados para facilitar el acceso de empresas de menor tamaño, pero en muchos casos su aplicación práctica es todavía limitada y no forma parte de una estrategia real para fomentar la competencia”, explica Fernando Cacho, abogado de Derecho Público y socio de Tax & Legal de RSM.
Obstáculos para el acceso de las pymes
Las conclusiones coinciden con las advertencias realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su guía sobre contratación pública y competencia, publicada en abril de 2025, en la que identifica diversos obstáculos que siguen afectando al acceso de las pymes a las licitaciones públicas:
- Complejidad técnica y normativa de los procedimientos
- Falta de información o formación de las empresas
- Requisitos de solvencia desproporcionados
- Criterios de adjudicación restrictivos
- Sistemas rígidos de revisión de precios
- Limitaciones estructurales en recursos financieros y administrativos
Para mejorar la competencia y facilitar la entrada de nuevas empresas, la CNMC propone diversas medidas dirigidas a los órganos de contratación, como realizar estudios de mercado previos para conocer la presencia de pymes en cada sector, simplificar la documentación exigida en los pliegos, ajustar los requisitos de solvencia al mínimo necesario y optar por procedimientos de adjudicación más abiertos y accesibles.
En este contexto, algunos expertos plantean también la posibilidad de reservar un porcentaje de contratos públicos para pymes, con el objetivo de reforzar su presencia en el sistema de contratación pública.
“La participación de las pymes no debería depender únicamente del cumplimiento formal de la normativa. Es necesario que exista una planificación estratégica por parte de los órganos de contratación que favorezca la competencia, simplifique los procesos y reduzca barreras innecesarias”, concluye Fernando Cacho.
